LA PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA COMO PRINCIPIO JURÍDICAMENTE RELEVANTE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÁNEO.

A mediados del siglo XX, surge el famoso caso de la viuda de Berlín, en el cual la administración de Berlín Occidental ofreció a la viuda de un fenecido funcionario alemán, el beneficio de una pensión de viudez si esta se trasladaba a el territorio occidental de Alemania. Convencida en la palabra de la administración, la señora se traslada y es beneficiada con la pensión prometida. Sin embargo, tiempo después esta le es retirada alegando que, en una verificación que se hiciere, se pudo constatar que ella no cumplía los requisitos para ser beneficiaria. El caso caló a las más altas instancias de Alemania, librando el Tribunal Administrativo Superior de Berlín, una sentencia al respecto estableciendo que no correspondía la revocación ex nunc ni ex tunc de la pensión referida, y disponiendo la continuidad de esta en favor de la señora.

El presente caso tuvo un razonamiento que tuvo gran trascendencia, debido a que el tribunal que libró dicha decisión entendió que no se podía vulnerar la confianza creada por la administración sobre el mantenimiento de una situación jurídica generada por ella. Por estos motivos, se desarrolló entonces el llamado principio de protección de la confianza legítima o principio de confianza legítima.

La trascendencia de este principio fue tal que llegó a las más altas instancias judiciales de Europa, como lo son el Tribunal Supremo Español, el Consejo Constitucional de Francia y el Tribunal de Justicia de Europeo. Esto es debido a que su configuración como parte los sistemas jurídicos fue un gran paso en la protección de los derechos fundamentales de los administrados.

Ahora bien ¿Cómo se define el principio de confianza legítima? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este principio? ¿Es posible que el administrado pueda demandar al Estado en responsabilidad patrimonial por violación al mismo?

Contestando la primera pregunta, la ley 107-13, sobre los derechos de las personas en su relación con la administración y procedimiento administrativo, que define en el artículo 3.15 el principio de confianza legítima como aquel por el cual la actuación administrativa será respetuosa de las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración en el pasado.

Bajo esta definición, se debe entender que la confianza legítima opera solamente para casos en que no existan derechos adquiridos por parte del administrado, ya que cuando hablamos de esta clase de derechos, no existe una expectativa, sino una certeza de que se tiene cierto derecho. A lo que se refiere la confianza legítima y su campo de aplicación es a aquellas situaciones que ha generado la administración, pero que conllevan una serie de derechos que son válidamente revocables por ella como lo pueden ser una pensión o un permiso de distribución de producto.

Un ejemplo de esto lo trae la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional TC/0049/13, donde un grupo de compañías de venta de agua a-granel accionaron en amparo por entender que se violó su derecho fundamental a la libertad de empresa, debido a que la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad emitió una serie de resoluciones estableciendo una prohibición a la venta de agua bajo esta modalidad. El aspecto que nos interesa sobre este caso es que el reglamento de la ley general de salud establecía la obtención del permiso para distribución de agua en esta modalidad, del cual gozaban las empresas accionantes, pero que les fue revocado sin mediar ninguna otra medida de amortiguación, generando entonces un daño por un cierre inesperado de sus actividades.

De lo expuesto precedentemente, entonces, podemos contestar la siguiente pregunta. El principio de confianza legítima funciona bajo la idea de una interpretación pro homine, en donde no se limita la actividad administrativa en cuando a  su facultad revocatoria, sino que se  limita la manera en la cual pueda esta afectar al administrado pues, no es  posible evitar que la administración ejerza las funciones que constitucional y legalmente tiene habilitadas, pero si es  posible establecer procesos paulatinos cuando la revocación de sus decisiones implique afectar patrimonialmente a los administrados, como el caso mencionado, donde esa inversión hecha por esas empresas en equipos y personal se vio amenazada por un cierre en donde no medió ninguna otra medida para evitar ese daño el cual no debía de soportar el administrado por existir medidas más razonables para que la administración lograra los fines que busca en la variación de la situación que ella generó.

Así ha entendido también el Tribunal Supremo de España al establecer que:

‘’que en conflictos donde se ven enfrentados los principios de legalidad de la actuación administrativa y la seguridad jurídica, bajo la figura de un principio implícitamente usado que es el consistente en la protección a la confianza legítima se debe aplicar este último, en virtud de que este se basa en signos externos producidos por la administración que sean concluyentes para que induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación, unido a que la revocación del acto por el que se actuó generó unos perjuicios que el administrado no tiene porqué soportar derivado de gastos e inversiones’’.

Por otro lado, la doctrina ha entendido que es posible que el administrado pueda demandar en responsabilidad patrimonial al Estado por violación a este principio debido a que se entiende que la variación de una situación que afecte derechos patrimoniales genera una daño. Por esta razón, se debe entender que para hablar de responsabilidad patrimonial debe ‘’existir lesión resarcible como consecuencia de una conducta imputable a quien se reclama la indemnización y se haya producido para el reclamante un detrimento patrimonial antijurídico’’.

Por esta razón debe entonces configurar una lesión, la cual está siempre que exista una afectación a un derecho o al patrimonio del administrado por una disposición de la administración. Por otro lado, debe ser resarcible dicha lesión por lo que se entiende que debe ser cuantificable en dinero. También, debe esta lesión ser imputable únicamente a la actividad administrativa, la cual se expresa por disposición de un acto administrativo. Y, por último, un detrimento, daño o lesión antijuridico, lo cual se configura cuando legalmente el administrado no debe soportar esa carga.

Por esta razón, el principio de confianza legítima es hoy día una herramienta de protección a los administrados por evitar que se vean afectados negativamente por la actividad administrativa, siendo entonces un principio relevante en el derecho administrativo contemporáneo. Esto es debido a que el campo de aplicación de este principio ha permitido establecer un mejor control de la actividad administrativa y como esta se lleva cabo, dando cumplimiento con otro derecho fundamental no muy mencionado, que es el derecho a una buena administración y cumpliendo al función esencial del derecho administrativo y el Estado de Derecho en si mismo que es evitar que la administración abuse de las facultades que se le han otorgado.

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